“La medida se inició a las 15 se mantendrá hasta que las autoridades ofrezcan las garantías mínimas para la prestación normal del servicio”, aseguró a DyN el titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, quien tras el inicio de la protesta fue convocado por las autoridades del Ministerio de Seguridad.

La UTA paralizó en forma sorpresiva la terminal de ómnibus del barrio de Retiro en demanda de “mayores medidas de seguridad” ante una “ola de robos”, según denunció el gremialista.

“Retiro es tierra de nadie, a diario se poducen robos de todo tipo en las boleterías, en la bodegas y a los pasajeros, sin que nadie haga nada. No soportamos más esta situación, por eso decidimos paralizar la terminal”, aseguró el dirigente.

Fernández sostuvo que el reclamo de la UTA se dirige “al gobierno nacional y al de la Ciudad”, porque “acá adentro de la terminal nadie está a salvo de los robos de carteras y de valijas”.

Asimismo, se quejó por “el mal estado” de los caminos cercanos a la terminal, donde los colectivos “apenas pueden circular”, circuntancia que “es aprovechada por los ladrones para devalijarnos”.

A presidente afastada Dilma Rousseff chegou pouco depois de 9h desta segunda-feira (29) ao Senado para falar em defesa de seu mandato no julgamento final do impeachment.

Dilma ingressou pela chapelaria do Congresso Nacional, entrada pela qual os parlamentares desembarcam e embarcam nos carros. Dezenas de simpatizantes aguardavam a presidente afastada do lado de dentro do prédio e gritaram palavras de ordem, como: “Dilma, guerreira da pátria brasileira”.

Também chegaram ao Congresso convidados da presidente afastada que assistirão ao depoimento dela. Entre eles, estava o cantor e compositor Chico Buarque. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou logo depois.

A sessão desta segunda, aberta à 9h38, faz parte da fase final do processo, na qual a presidente poderá usar a palavra por 30 minutos – período que poderá ser prorrogado – e, em seguida, responder a perguntas dos senadores, da acusação e da defesa.

Até a última atualização desta reportagem, 46 estavam inscritos para fazer perguntas, pelo tempo de 5 minutos cada. Dilma terá o tempo que for necessário para responder as questões.

A decisão final, pela condenação ou absolvição da petista, deve ocorrer entre terça e quarta-feira (31), após debate entre acusação e defesa e novas manifestações do senadores. São necessários 54 votos entre os 81 senadores para o afastamento definitivo da petista.

Afastada do mandato há 110 dias, Dilma passou o último fim de semana no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência, preparando o discurso que irá ler aos senadores nesta segunda.

Senadores aliados dela defenderam um tom “duro” e “firme”, enfatizando que não cometeu crime de responsabilidade e, portanto, não deve sofrer o impeachment.

Na sexta-feira passada (26), Lula esteve em Brasília e, segundo relatos de assessores e senadores petistas, se reuniu com Dilma no Alvorada.

Na semana passada, entre quinta (25) e sábado (27), os senadores ouviram as testemunhas de defesa e de acusação no processo. Ao longo de três dias, os parlamentares fizeram inúmeros questionamentos aos depoentes, colheram informações e pediram esclarecimentos.

Na sessão desta segunda, a cada quatro horas, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, que comanda o julgamento, poderá interromper a sessão para intervalos de cerca de 30 minutos, conforme roteiro estabelecido com os senadores.

Nos intervalos, Dilma poderá se dirigir para a sala de audiências da presidência do Senado, anexo ao gabinete do presidente da Casa, Renan Calheiros (PMDB-AL). No local, a presidente afastada poderá estar acompanhada de quem desejar com lanches e refeições.

“El gobierno de Cristina Kirchner deberá afrontar el cuarto paro general de su segundo mandato. Las principales centrales obreras resolvieron ir a la huelga en virtud de la negativa de la presidenta a ceder en el cobro del impuesto a las Ganancias a los trabajadores. ‘Maldito impuesto al trabajo’, denuncian afiches que mandaron a pegar los gremios”. La medida de fuerza se concretó el 31 de marzo de 2015. Fue la última hasta el momento. La tasa de desocupación estaba en 7,1 por ciento, con una tendencia declinante que la llevaría al piso de 5,9 en el tercer trimestre, el nivel más bajo en 28 años. La ex presidenta no tuvo que soportar paros generales entre 2007 y 2011, lo mismo que Néstor Kirchner, el único mandatario invicto desde Juan Domingo Perón. La CGT tardó dos años en realizar la primera medida de esas características durante la dictadura, pero finalmente paralizó el país en seis oportunidades. Con Raúl Alfonsín los paros generales fueron 13, que tuvieron lugar en 11 semestres de gestión, lo que arroja un promedio de 1,2 paros nacionales por semestre. La primera huelga se produjo en septiembre de 1984, a nueve meses de haber arrancado el gobierno. Con Carlos Menem hubo más paciencia. El primer paro general llegó a los 40 meses de su desembarco en Casa Rosada, en noviembre de 1992. Luego habría otros siete hasta 1999, a un promedio de uno cada 15 meses. Fernando De la Rúa enfrentó el primer paro general en febrero de 2000, con tres meses recién cumplidos como presidente. Hasta diciembre de 2001 se sucederían otros ocho, a razón de 2,25 paros por semestre en promedio. Finalmente, la CGT de Hugo Moyano le hizo un solo paro general a Eduardo Duhalde. Fue el 14 de mayo de 2002, cuando iban cinco meses del interinato del senador al frente del Poder Ejecutivo. La convocatoria fue “en contra de la política económica y social del gobierno nacional y en rechazo al sometimiento de la Argentina al FMI”.

Entre ese paro de 2002 y el último de 2015, la motivación pasó de ser la política económica y el sometimiento al FMI a la incidencia del impuesto a las Ganancias sobre una porción aproximada del 10 por ciento de los trabajadores. Moyano tiene otros antecedentes de medidas de fuerza en contra de las políticas neoliberales de Menem y De la Rúa. En 2001, cuando Patricia Bullrich era ministra de Trabajo, el camionero se defendió de las acusaciones de la funcionaria de buscar un clima de desestabilización con el siguiente argumento: “El paro no lo hacemos nosotros, lo hace el Gobierno, nosotros solo le ponemos fecha”. Es un concepto que bien podría repetir en las circunstancias actuales, de avance irrefrenable de medidas que atentan contra el empleo, el salario y provocan una transferencia millonaria de recursos de los trabajadores a sectores concentrados del capital. “Prat-Gay decía que los sindicatos iban a tener que optar entre salarios y empleo. Avísenle que cae el salario y cae el empleo”, resumió esta semana Carlos Tomada, ex titular de la cartera laboral. El FMI, por otra parte, regresará al país a mediados del mes que viene, apenas unos días después de la audiencia pública convocada por el Gobierno para resucitar el tarifazo del gas.

A la CGT no le faltan motivos para llamar a un paro general. La fecha que empieza a barajar la nueva conducción es noviembre, mediando entre sectores sindicales que reclaman hacerlo mucho antes y otros que piden esperar un poco más, para darle una nueva oportunidad al Gobierno de enderezar el rumbo. Los dirigentes que llegaron a la central unificada de la mano de Luis Barrionuevo están esperanzados en que sean ciertas las promesas del Gobierno de reactivar la obra pública y generar una corriente de inversiones a partir del blanqueo de capitales. Si fuera por ellos, habría que demorar la definición de una huelga nacional hasta 2017. Del otro lado del arco gremial, las dos CTA apuran el paso para lanzar la medida de fuerza de inmediato. Lo mismo sostiene la Corriente Federal, el sector que lidera el secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo, que resolvió no integrarse a la CGT que conducen Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña. El Movimiento de Acción Sindical Argentino (MASA), adonde confluyeron sindicatos como la Unión Ferroviaria, Smata, Luz y Fuerza, Taxistas y APL, está expectante a lo que haga la CGT. Finalmente Moyano, que conserva el poder de fuego del gremio de los camioneros e influencia dentro de la CGT, hace equilibrio entre las críticas al Gobierno y la preservación de un canal de diálogo con el Presidente, como cuando se mostraba con él en la campaña electoral. Esa heterogeneidad del movimiento obrero termina siendo funcional al Gobierno, que va logrando esquivar el paro general.

La falta de resolución de las estructuras sindicales le deja el campo libre a los movimientos sociales y a expresiones espontáneas de la sociedad para hacer visible un clima espeso de descontento con el Gobierno. Piquetes, acampes, ruidazos o miles de personas pasando a buscar peras y manzanas por Plaza de Mayo son ejemplos de ese estado de situación. También las cámaras empresarias están movilizadas por los aumentos de tarifas, al igual que los clubes de barrio, las cooperativas y las asociaciones de consumidores. El paro general serviría para darle un cauce institucional a la protesta social. El riesgo que corre la CGT si sigue dando vueltas es resultar desbordada por una corriente que crece desde abajo, que le terminará reprochando haber abandonado a los trabajadores por la plata para las obras sociales que le muestra el macrismo. De todos modos, en la central obrera también pesa el temor a los medios hegemónicos y a las denuncias del Gobierno de identificar sus acciones como parte de un supuesto plan de desestabilización. Ante la falta de recuperación de la economía y la agudización de los problemas, la única reacción que entrega la Casa Rosada es imaginar estrategias para ponerse como víctima del caos que provocaron sus propias políticas.

El aumento del desempleo a 9,3 por ciento a fines del primer semestre es motivo más que suficiente para convocar a un paro general. Más cuando las centrales obreras ya se bajaron de una medida de esa naturaleza tras el veto del Presidente a la ley antidespidos, por la que habían militado con una concentración histórica el 29 de abril. Además, el Gobierno ratifica a cada paso la política económica y sus planes en relación al mundo del trabajo. El ministro de Producción, Francisco Cabrera, dijo anteayer que para generar inversiones habrá que reducir el costo del empleo. Su par de Modernización, Andrés Ibarra, anunció que a fin de año dejará en la calle a 10.500 trabajadores contratados por el Estado, ya que sobre un total de 13.000 a quienes se les vencen sus contratos –algunos vienen soportando ese régimen precario hace más de una década– solo se realizarán concursos para retener a 2500. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, prepara al mismo tiempo un proyecto de reforma de flexibilización laboral. Si la CGT va a esperar a que todo eso pase sin hacer nada, después más que quejarse por las consecuencias deberá asumir su cuota de responsabilidad.

Algunos destellos en las redes. Alguien colgó una frase de Jauretche: “Los gobiernos populares son débiles ante el escándalo. No tienen, ni cuentan con la recíproca solidaridad encubridora de la oligarquía y son sus propios partidarios quienes señalan sus defectos, que después magnifica la prensa. El pequeño delito doméstico se agiganta para ocultar el delito nacional que las oligarquías preparan en la sombra y el vendepatria se horroriza ante las sisas de la cocinera”. Lo escribió tras la caída de Irigoyen, cuando al gobierno del “Peludo” no lo bajaban de inepto y corrupto. Ocurrió hace más de 80 años y todavía no se hablaba de sociedad de la información ni de “semiocapitalismo”. Y en seguida vino el golpe de la oligarquía. Siguieron bastante tiempo con esa letra como una manera de destripar la recuperación del movimiento popular. Las denuncias nunca se probaron pero el Irigoyenismo tardó mucho en salir del bache.

Allí estaban Crítica y La Nación haciendo de las suyas. Muchas de las ideas sobre el peso de la información surgen de esa época. La oposición hacía su propia historia, y al mismo tiempo acusaba al irigoyenismo de hacer la suya cuando bromeaban sobre “el diario de Irigoyen”. Dos lados del mostrador, dos formas de ver la realidad. La historia se desliza sobre esa dicotomía que ahora se reinventó con el nombre de “la grieta”. Dos lados: el de los movimientos populares y el de las clases ricas y dominantes, y en el medio, la grieta. El fiscal Marijuán le dice a un periodista que le diga a otro “decile que lo más importante, además del pedido de indagatoria, es que la dejo al borde de la detención, con la prohibición de salir del país.” Cada cosa que ha hecho Marijuán, como allanamientos al cuete y agujeros en la Patagonia, está en línea con la frase que escribió Jauretche hace más de ochenta años.

Otro colgó un videíto casero: la gobernadora María Eugenia Vidal de visita en un barrio con calles de tierra. Un vecino joven la increpa: “¿por qué le saca el laburo a los pibes?”. Sobresalto de la gobernadora que cambia el rumbo y acierta a largar una frase: “estás mal informado”. La gobernadora pone pies en polvorosa, se borra. Insólito: un custodio se acerca al pibe que habló y se corre el saco para mostrarle la pistola: “¿tenés algún problema?” El pibe recula y dice que no. “Bueno, entonces decime los nombres de los que tienen problemas y vemos si se lo arreglamos”. Sigue con el saco corrido, mostrando la pistola en el cinto. No hay forma de que solucione nada a nadie.

Las redes son a veces inciertas y poco confiables, a veces orientadoras y a veces lo contrario. Esta semana se informó que la desocupación había subido a 9,3 por ciento. Pegó un salto importante, cientos de miles de trabajadores en la calle. El pibe no leyó las encuestas. No se sabe si es kirchnerista o no, probablemente lo sea. Pero dice la verdad. Lo que hace Marijuán en el párrafo de arriba es para facilitar esto que se cuenta más abajo, como lo hacían 80 años atrás Crítica y La Nación y hasta la Corte que convalidó el golpe que derrocó a Irigoyen. La grieta es la grieta y cada quien sabe lo que hace y del lado que se pone.

Es más, cuando se empieza a leer el párrafo de Jauretche, se puede pensar que lo escribió tras la caída del gobierno de Perón en el 55. El cuadro es el mismo, las denuncias parecidas. Pero no, Jauretche es un radical en ese momento, que escribe sobre el movimiento al que pertenece.

A veces los itinerarios que la realidad virtual diseña en las redes se entrecruzan en el mapa de trazos más gruesos de la realidad. No es matemático ni mucho menos infalible, pero a veces se da. La nueva denuncia de Marijuán se asienta en una denuncia de la guerra propagandística que hicieron los fondos buitre durante el conflicto con el anterior gobierno y la confesión telefónica del fiscal de que su objetivo es sacar de la política a Cristina Kirchner, confirma que tiene la misma meta que los fondos. Son espacios que configuran intereses comunes, algunos de poder, otros de ganancias materiales: los fondos buitre, el periodista que fue financiado por ellos, el fiscal que hace efectiva la denuncia política en la justicia y el gobierno que le pagó a los fondos buitre sin negociar y que es alabado permanentemente por Paul Singer.

Del otro lado pasan cosas. Indicios del freno de la ofensiva gubernamental: la unificación de la CGT dejó fuera a los sectores enrolados con el gobierno; la dura condena a los represores de La Perla en Córdoba; el fallo de la Corte contra el tarifazo; el penoso fracaso de la convocatoria del jueves en el obelisco para respaldar a Mauricio Macri; el recomienzo ayer de la Marcha de la Resistencia de las Madres y el movimiento de derechos humanos; la reedición en los primeros días de septiembre de la Marcha Federal de la CTA con los gremios combativos de la CGT y los movimientos sociales. Todos esos indicios crecen cuando se desploman los índices de la economía, derrumbados por las medidas del gobierno. Se va armando el paquete del otro lado de la grieta. Son contornos de un nuevo colectivo que se forja a partir de la nueva agenda que va creando la destrucción de la economía popular.

El macrismo logró que la caída de la economía, del 4,3 por ciento, se pusiera al nivel del desastre de Brasil. En las grandes ciudades como Rosario, Mar del Plata y Córdoba el desempleo superó el 11,5 por ciento lo que implica un retroceso de diez años. Se perdieron todos los empleos que se habían recuperado en los últimos diez años. Los esfuerzos de los medios que respaldan al gobierno para ocultar el desmantelamiento cada vez rinden menos. Clarín publicó en su tapa la foto de los represores condenados en Córdoba debajo de un título muy forzado sobre la responsabilidad del kirchnerismo en la protesta social. Priorizó un tema editorializado y fantásmático por sobre la condena a los represores de La Perla, un juicio con una trascendencia equiparable a la de la ESMA por su importancia simbólica. Pero Clarín se equivoca. En política se rinde examen todos los días. El kirchnerismo o cualquier otra fuerza política deberá mostrar si es capaz de orientar todos esos frentes abiertos de protesta, cada uno con su propia dinámica, diferente a las demás.

Clarín trata de tapar que la protesta no tiene origen político. Las condenas en Córdoba mostraron que la ofensiva judicial tuvo un tope. Nadie les ordenó a los macristas que no vayan a apoyar a Macri al obelisco. Las protestas contra las tarifas son espontáneas y más o menos contenidas por organismos de defensa del consumidor y otros. Ni siquiera puede decirse que hayan sido movilizados por los movimientos sociales porque las protestas se produjeron en barrios de clases medias. Las decisiones en la CGT, incluyendo el paro nacional que se prepara, no las ordenó el kirchnerismo. Y el origen de la Marcha Federal habría que buscarlo más en los índices de desocupación y la pérdida de calidad de vida que en el color político de los que participarán.

Si la protesta no tiene origen político –al revés de lo que se esfuerza en demostrar Clarín–, entonces quedaría claro que se incubaron en el salvajismo de las estrategias económicas oficiales que se han aplicado con una sorprendente ausencia de sensibilidad social o política. Muchos de los protagonistas en algunas de esas protestas, como las que se hicieron contra el tarifazo o la de los productores de fruta en Plaza de Mayo entre otras, han sido votantes enojados de Cambiemos.

Ninguna fuerza política, incluida el kirchnerismo, está en condiciones de convocar por sí sola a todas esas manifestaciones contra el gobierno. Pero el que consiga expresar con mayor eficiencia esa nueva agenda de reclamos que se está conformando desde la base de la sociedad, se convertirá en la cabeza de esta nueva oposición.

Imagens das câmeras de segurança de um posto de gasolina no Rio mostram um tumulto entre quatro nadadores americanos e seguranças do local na manhã de domingo (14). Segundo a polícia, com base nas imagens e em depoimentos, foi excluída a hipótese de os atletas terem sido assaltados, como havia sido relatado pelos nadadores Ryan Lochte e James Feigen. Os investigadores disseram nesta quinta-feira (18) que os americanos inventaram o roubo.

O vídeo, obtido pela TV Globo, mostra os nadadores saindo do banheiro do posto. Segundo a polícia e funcionários do estabelecimento, eles depredaram o local. Por isso, teriam sido impedidos por seguranças de deixar o posto, que fica na Barra da Tijuca, no caminho entre a Lagoa, onde estavam em uma festa, e a Vila Olímpica.

As imagens mostram um dos nadadores levantando as mãos quando os segurança os abordam. Em entrevista a uma emissora de TV americana no domingo, pouco depois do episódio, Lochte teria dito que o grupo foi abordado por homens vestidos de policiais.

O diretor de comunicação do Comitê Olímpico do Rio 2016, Mario Andrada, chegou a se desculpar com os nadadores dos EUA pelo suposto assalto.

Depoimento de seguranças
A Globo teve acesso com exclusividade aos depoimentos dos funcionários do posto, que contaram detalhes do que viram na manhã de domingo:

– por volta das 6h da manhã, um táxi modelo sedan estacionou no posto para que os passageiros utilizassem o banheiro;

– desembarcaram do carro quatro homens, de grande porte físico e estatura, um deles chamou atenção por ter cabelos azulados quase brancos, que pela fotografia se reconhece como sendo Ryan Lochte;

– em determinado momento, o gerente ficou muito nervoso e preocupado, chamou o segurança para que o ajudasse a controlar os visitantes que faziam “algazarra” nos fundos do estabelecimento;

– o gerente mostrou o banheiro onde homens haviam quebrado saboneteira, papeleira e uma placa de ferro com banner informativo. Imediatamente, o segurança acionou o 190, sendo lhe solicitado que todos esperassem no local até a chegada de uma viatura da Polícia Militar. A viatura não chegou;

– os quatro homens entraram no táxi na intenção de saírem do local, mas o taxista respeitou a solicitação dos seguranças e permaneceu parado;

– os nadadores gritaram palavrões várias vezes. Eles desembarcaram novamente do táxi e bateram a porta do veículo violentamente. Segundo os depoimentos, os nadadores estavam muito alterados, agressivos e claramente bêbados;

– um homem reconhecido pela fotografia como Joseph Gunnar Bentz mostrou uma nota de US$ 20, esticando-a com as duas mãos e falando debochadamente em português muito ruim: “Vinte dólares! Sessenta reais”;

– os seguranças mostraram suas credenciais e se identificaram como agentes de segurança. Ryam Lochte e James Feigen saíram correndo;

– um dos seguranças disse que ele e o amigo pararam os outros dois nadadores e mostraram a palma da mão (em posição de “pare”), indicando que não aceitariam os US$ 20;

– Lochte e Feigen retornaram ao posto de gasolina, agressivos;

– outro segurança sacou a sua arma e gritou para que todos parassem e sentassem no chão. Com exceção de Ryan Lochte, os demais obdeceram;

– outro segurança sacou a arma e gritou para que todos parassem;

– um segurança colocou a mão no peito de Lochte e o empurrou em direção ao chão,
fato respeitado pelo estrangeiro, que estão sentou-se;

– um funcionário da Unimed ofereceu ajuda na tradução. Após alguns minutos de conversa com os nadadores, os funcionários do posto receberam os US$ 20 e mais R$ 100 em razão do dano causado no banheiro;

– o funcionário da Unimed falou com os estrangeiros que eles podiam ir;

– no depoimento, um funcionário disse não ter certeza, mas acreditar que os estrangeiros retornaram para o mesmo táxi no qual tinham chegado por volta das 6h20 ou 6h30, quando o veículo saiu do local;

– a viatura da PM não havia chegado ao local até às 7h

De acordo com Fernando Veloso, Chefe de Polícia Civil do Rio, os atletas devem desculpas aos cariocas. “A única verdade que eles contaram é que eles estavam bêbados”, disse.

Impedidos de embarcar
Na noite desta quarta-feira (17), os nadadores americanos Gunnar Bentz e Jack Conger foram impedidos de embarcar em um voo de volta aos EUA pela Polícia Federal (PF). Bentz e Conger foram retirados do avião.

Pouco antes, a Justiça havia mandado apreender o passaporte dos dois, para que prestassem depoimento, como testemunhas.

Levados para a delegacia, Bentz e Conger ficaram calados.  “A delegacia diz que eles são testemunhas, e o despacho do juiz diz outra coisa. Enquanto isso não for solucionado, eles não vão prestar depoimento”, afirmou Sérgio Riera, advogado dos nadadores, como mostrou o Bom Dia Rio.

Ele diz que os clientes estão “muito assustados” e sem entender por que foram impedidos de embarcar. Após quase 4 horas na delegacia, Gunnar Bentz e Jack Conger foram liberados no início da madrugada desta quinta (18), por volta de 1h20, e se hospedaram em um hotel próximo ao Galeão.

O Comitê Olimpíco dos EUA havia divulgado na manhã desta quarta uma nota dizendo que os três nadadores que ainda estão no Brasil – Gunnar Bentz, Jack Conger and James Feigen – cooperam para agendar novos depoimentos às autoridades brasileiras. “Todos são representados por um advogado e são apoiados pelo comitê olímpico e pelo Consulado dos EUA no Rio”, diz o texto.

Ryan Lochte deixou o Brasil na última segunda-feira (15), informou a PF. Feigen segue no Brasil, mas não teve sua localização revelada pelo Comitê Olímpico dos Estados Unidos. Segundo a Polícia Civil, o inquérito sobre o caso pode ser concluído ainda nesta quinta (18).

Interrogatório por carta
A polícia vai enviar por ofício ao FBI uma relação de perguntas para que Ryan Lochte, 12 vezes medalhista olímpico, responda, dos EUA, por carta precatória.

As duas decisões de proibir a saída dos nadadores foram do Juizado Especial do Torcedor e Grandes Eventos, a pedido da Deat. A Polícia Federal notificou o Consulado dos EUA e o Comitê Olímpico americano para impedir a saída dos nadadores, mas não havia recebido resposta até a noite de quarta.

Em nota, o Comitê Olímpico Americano informou que o time de natação deixou a Vila logo após o fim das competições e que, por questões de segurança, não poderia confirmar a localização de cada atleta.

Instigados a dar mais detalhes do assalto, Feigen e Lochte disseram que não se lembravam porque estavam muito bêbados após deixarem a festa. A polícia ainda procura o taxista que teria levado os nadadores da Lagoa à Vila Olímpica.

Em entrevista à rede de TV norte-americana NBC, já nos EUA, Ryan Lochte deu uma terceira versão para o suposto assalto, diferente da que havia contado em uma outra entrevista no domingo e do que relatou à polícia em depoimento.

Lochte disse também que, ao depor na polícia no Rio, foi tratado com muita cordialidade, que os policiais fizeram poucas perguntas e não pediram que ele ficasse para as investigações. Na entrevista, o nadador reclamou que está sendo tratado como suspeito, quando é vítima.

Imagens das câmeras de segurança de um posto de gasolina no Rio mostram um tumulto entre quatro nadadores americanos e seguranças do local na manhã de domingo (14). Segundo a polícia, com base nas imagens e em depoimentos, foi excluída a hipótese de os atletas terem sido assaltados, como havia sido relatado pelos nadadores Ryan Lochte e James Feigen. Os investigadores disseram nesta quinta-feira (18) que os americanos inventaram o roubo.

O vídeo, obtido pela TV Globo, mostra os nadadores saindo do banheiro do posto. Segundo a polícia e funcionários do estabelecimento, eles depredaram o local. Por isso, teriam sido impedidos por seguranças de deixar o posto, que fica na Barra da Tijuca, no caminho entre a Lagoa, onde estavam em uma festa, e a Vila Olímpica.

As imagens mostram um dos nadadores levantando as mãos quando os segurança os abordam. Em entrevista a uma emissora de TV americana no domingo, pouco depois do episódio, Lochte teria dito que o grupo foi abordado por homens vestidos de policiais.

O diretor de comunicação do Comitê Olímpico do Rio 2016, Mario Andrada, chegou a se desculpar com os nadadores dos EUA pelo suposto assalto.

Depoimento de seguranças
A Globo teve acesso com exclusividade aos depoimentos dos funcionários do posto, que contaram detalhes do que viram na manhã de domingo:

– por volta das 6h da manhã, um táxi modelo sedan estacionou no posto para que os passageiros utilizassem o banheiro;

– desembarcaram do carro quatro homens, de grande porte físico e estatura, um deles chamou atenção por ter cabelos azulados quase brancos, que pela fotografia se reconhece como sendo Ryan Lochte;

– em determinado momento, o gerente ficou muito nervoso e preocupado, chamou o segurança para que o ajudasse a controlar os visitantes que faziam “algazarra” nos fundos do estabelecimento;

– o gerente mostrou o banheiro onde homens haviam quebrado saboneteira, papeleira e uma placa de ferro com banner informativo. Imediatamente, o segurança acionou o 190, sendo lhe solicitado que todos esperassem no local até a chegada de uma viatura da Polícia Militar. A viatura não chegou;

– os quatro homens entraram no táxi na intenção de saírem do local, mas o taxista respeitou a solicitação dos seguranças e permaneceu parado;

– os nadadores gritaram palavrões várias vezes. Eles desembarcaram novamente do táxi e bateram a porta do veículo violentamente. Segundo os depoimentos, os nadadores estavam muito alterados, agressivos e claramente bêbados;

– um homem reconhecido pela fotografia como Joseph Gunnar Bentz mostrou uma nota de US$ 20, esticando-a com as duas mãos e falando debochadamente em português muito ruim: “Vinte dólares! Sessenta reais”;

– os seguranças mostraram suas credenciais e se identificaram como agentes de segurança. Ryam Lochte e James Feigen saíram correndo;

– um dos seguranças disse que ele e o amigo pararam os outros dois nadadores e mostraram a palma da mão (em posição de “pare”), indicando que não aceitariam os US$ 20;

– Lochte e Feigen retornaram ao posto de gasolina, agressivos;

– outro segurança sacou a sua arma e gritou para que todos parassem e sentassem no chão. Com exceção de Ryan Lochte, os demais obdeceram;

– outro segurança sacou a arma e gritou para que todos parassem;

– um segurança colocou a mão no peito de Lochte e o empurrou em direção ao chão,
fato respeitado pelo estrangeiro, que estão sentou-se;

– um funcionário da Unimed ofereceu ajuda na tradução. Após alguns minutos de conversa com os nadadores, os funcionários do posto receberam os US$ 20 e mais R$ 100 em razão do dano causado no banheiro;

– o funcionário da Unimed falou com os estrangeiros que eles podiam ir;

– no depoimento, um funcionário disse não ter certeza, mas acreditar que os estrangeiros retornaram para o mesmo táxi no qual tinham chegado por volta das 6h20 ou 6h30, quando o veículo saiu do local;

– a viatura da PM não havia chegado ao local até às 7h

De acordo com Fernando Veloso, Chefe de Polícia Civil do Rio, os atletas devem desculpas aos cariocas. “A única verdade que eles contaram é que eles estavam bêbados”, disse.

Impedidos de embarcar
Na noite desta quarta-feira (17), os nadadores americanos Gunnar Bentz e Jack Conger foram impedidos de embarcar em um voo de volta aos EUA pela Polícia Federal (PF). Bentz e Conger foram retirados do avião.

Pouco antes, a Justiça havia mandado apreender o passaporte dos dois, para que prestassem depoimento, como testemunhas.

Levados para a delegacia, Bentz e Conger ficaram calados.  “A delegacia diz que eles são testemunhas, e o despacho do juiz diz outra coisa. Enquanto isso não for solucionado, eles não vão prestar depoimento”, afirmou Sérgio Riera, advogado dos nadadores, como mostrou o Bom Dia Rio.

Ele diz que os clientes estão “muito assustados” e sem entender por que foram impedidos de embarcar. Após quase 4 horas na delegacia, Gunnar Bentz e Jack Conger foram liberados no início da madrugada desta quinta (18), por volta de 1h20, e se hospedaram em um hotel próximo ao Galeão.

O Comitê Olimpíco dos EUA havia divulgado na manhã desta quarta uma nota dizendo que os três nadadores que ainda estão no Brasil – Gunnar Bentz, Jack Conger and James Feigen – cooperam para agendar novos depoimentos às autoridades brasileiras. “Todos são representados por um advogado e são apoiados pelo comitê olímpico e pelo Consulado dos EUA no Rio”, diz o texto.

Ryan Lochte deixou o Brasil na última segunda-feira (15), informou a PF. Feigen segue no Brasil, mas não teve sua localização revelada pelo Comitê Olímpico dos Estados Unidos. Segundo a Polícia Civil, o inquérito sobre o caso pode ser concluído ainda nesta quinta (18).

Interrogatório por carta
A polícia vai enviar por ofício ao FBI uma relação de perguntas para que Ryan Lochte, 12 vezes medalhista olímpico, responda, dos EUA, por carta precatória.

As duas decisões de proibir a saída dos nadadores foram do Juizado Especial do Torcedor e Grandes Eventos, a pedido da Deat. A Polícia Federal notificou o Consulado dos EUA e o Comitê Olímpico americano para impedir a saída dos nadadores, mas não havia recebido resposta até a noite de quarta.

Em nota, o Comitê Olímpico Americano informou que o time de natação deixou a Vila logo após o fim das competições e que, por questões de segurança, não poderia confirmar a localização de cada atleta.

Instigados a dar mais detalhes do assalto, Feigen e Lochte disseram que não se lembravam porque estavam muito bêbados após deixarem a festa. A polícia ainda procura o taxista que teria levado os nadadores da Lagoa à Vila Olímpica.

Em entrevista à rede de TV norte-americana NBC, já nos EUA, Ryan Lochte deu uma terceira versão para o suposto assalto, diferente da que havia contado em uma outra entrevista no domingo e do que relatou à polícia em depoimento.

Lochte disse também que, ao depor na polícia no Rio, foi tratado com muita cordialidade, que os policiais fizeram poucas perguntas e não pediram que ele ficasse para as investigações. Na entrevista, o nadador reclamou que está sendo tratado como suspeito, quando é vítima.

La procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, dictaminó a favor de confirmar la sentencia que frenó los aumentos en la tarifa de gas y consideró que la falta de audiencia pública para llevar a cabo la medida restringió los derechos constitucionales de información, consulta y participación de los usuarios y consumidores.

Además, Gils Carbó recomendó a la Corte Suprema rechazar el planteo del Gobierno nacional que justifica los aumentos sin consulta en el marco de las leyes de emergencia, que obliga a realizar audiencias solo para la Revisión Integral de Tarifas y no para aumentos transitorios, al advertir que el tarifazo “impacta, de manera inmediata e irreversible, en el acceso a un servicio básico y en la planificación de gastos familiares y costos empresariales” por lo que deja de lado “el carácter transitorio”.

El dictamen de la procuradora general recomendó a la Corte Suprema mantener la decisión de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata que declaró la nulidad de las resoluciones 28/2016 y 31/2016 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación y ordenó que se diera marcha atrás con el nuevo marco tarifario para el servicio de gas.

Gils Carbó consideró “adecuada” la interpretación del tribunal platense sobre la la Ley 24.076 de Gas Natural que invalida la implementación de nuevas tarifas “sin la realización previa de una audiencia pública”, ya que esa acción garantiza “el derecho constitucional de información, consulta y participación de los usuarios y consumidores previsto en el artículo 42 de la Constitución Nacional”.

En ese sentido, la procuradora señaló que “si bien es cierto que el mérito o conveniencia de una política pública es una cuestión que excede el ámbito de una revisión judicial, no es menos cierto que tales políticas deben implementarse con acatamiento a los límites que resultan del marco regulatorio legal específico en la materia, y sin vulnerar los derechos y garantías constitucionales reconocidos a favor de los usuarios y consumidores”.

Gils Carbó destacó la función del Poder Judicial para “controlar que los restantes poderes del Estado no se extralimiten en el ejercicio de sus facultades y respeten el ordenamiento jurídico vigente”.

Por eso, en su dictamen, la procuradora indicó que tanto la ley 24.076 como el decreto 1738/92 —que reglamenta el régimen de gas— fijan como objetivo “la determinación de tarifas justas y razonables, a la vez que consagran los principios de accesibilidad, gradualidad, coherencia, progresividad y previsibilidad”. Mientras que “el artículo 42 de la Constitución Nacional, incorporado en la reforma de 1994, otorgó máxima jerarquía a los derechos de información, consulta y participación de los usuarios y consumidores como así también a la protección de sus intereses económicos”.

El dictamen, difundido por en la página de Fiscales.gob.ar, también detalla que el tarifazo se debe al resultado del incremento conjunto de los tres componentes de la tarifa de gas: el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), la tarifa de transporte, y la tarifa de distribución (art. 37, ley 24.076).

A partir de esa información, Gils Carbó resaltó que “resulta determinante apreciar que el precio del gas en PIST representa, en la actualidad, más del setenta por ciento (70 por ciento) de la tarifa de gas, tal como señala el Estado Nacional en su recurso extraordinario” y frente a ello “la postura del Estado Nacional —orientada a excluir del ámbito de la audiencia pública las cuestiones vinculadas al precio del gas en PIST— implica restringir sustancialmente la eficacia de la audiencia pública para garantizar los derechos constitucionales”.

La titular del Ministerio Público Fiscal (MPF) consideró que de esta manera se “recorta el debate sobre la accesibilidad, gradualidad, coherencia, progresividad y previsibilidad sobre el componente más determinante de la tarifa final en el marco de un aumento extraordinario”.

Además, Gils Carbó advirtió que los amparos y acciones judiciales presentadas en todo el país contra los decretos del tarifazo demostraron que se “pone en juego derechos humanos y fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales” como la protección del derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y para su familia, lo cual comprende alimentación y vivienda adecuada, así como la protección del derecho a trabajar, a comerciar y a ejercer toda industria lícita.

“El acceso al servicio básico del gas es indispensable para la continuidad de la actividad económica de los comerciantes, las empresas —en especial, las pequeñas y medianas—, las fábricas recuperadas y las cooperativas, de las cuales depende en gran medida la conservación de las fuentes de trabajo”, resaltó la procuradora en su sentencia.

Además, la titular del MPF recomendó a la Corte Suprema rechazar el planteo del Estado Nacional según el cual las normas cuestionadas fueron dictadas en el marco de las leyes de emergencia, sobre cuya base el Ejecutivo dispuso que la audiencia solo regía para la Revisión Integral de Tarifas y no para aumentos transitorios.

Gils Carbó advirtió que el “aumento significativo que impacta, de manera inmediata e irreversible, en el acceso a un servicio básico y en la planificación de gastos familiares y costos empresariales” deja de lado “el carácter transitorio que le atribuyó el Estado Nacional a las medidas cuestionadas”.

Para sostener ese análisis, la procuradora citó el informe del Poder Ejecutivo presentado ante el tribunal supremo en el que se reconoce que “el 38 por ciento de los usuarios se ve afectado por aumentos que superan el 400 por ciento” y que la incidencia de la suba es “más severa” para los comerciantes y Pymes que deben “afrontar aumentos que en promedio superan 500 por ciento e incluso en algunos casos alcanzan el 1500 por ciento”.